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PERIODISTAS MÉXICO 2017

2017 en México: año en que los periodistas vivimos en peligro

Las agresiones contra periodistas en México alcanzaron los niveles más altos a nivel mundial por segundo año consecutivo. Esta violencia también se manifiesta en censura y precarización laboral. Una vez más el Estado es responsable.

Nancy Cázares

@NancyCornejoCaz

Domingo 31 de diciembre de 2017 | 14:24

El pronóstico que hiciera en agosto la organización Artículo 19 sobre que 2017 sería uno de los años más letales para el periodismo se cumplió con creces.

Hacia mediados de ese mes informaban que las agresiones en contra de comunicadores habían aumentado en un 23% en relación al mismo lapso de 2016.

Según informó Reporteros Sin Fronteras, a nivel mundial el 2017 fue el año menos mortífero para el gremio periodístico en los últimos 14 años, mas no así en el caso específico de México.

Leer: Periodismo: cifras de un oficio perseguido

Así, desde principios de año organizaciones sociales y de derechos humanos alertaban sobre la ineficacia de las medidas implementadas por el Estado como paliativo ante el creciente número de agresiones contra periodistas. Al mismo tiempo en que las cifras revelaban que más del 50% de estas agresiones eran perpetradas por funcionarios públicos.

Ninguna de estas supuestas medidas de protección puede ser eficaz si no contempla que la violencia tiene su origen y sostén en el gobierno y sus instituciones.

Protesta por el esclarecimiento del crimen de Miroslava Breach

Para el término del primer semestre del año ya habían sido asesinados los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monliu, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez, Jonathan Rodríguez y Salvador Adame. El caso de Javier Valdez desencadenó protestas a nivel nacional que obligaron a la administración de Enrique Peña Nieto a por primera vez hablar sobre la violencia contra los periodistas y a emitir promesas sobre el combate a la impunidad y más presupuesto a las fiscalías especiales.

Peña Nieto, la simulación

Leer: Con 36 periodistas asesinados en su mandato, Peña anuncia "medidas de protección" a libre expresión

Con todo y las promesas de Peña, la segunda mitad del año arrancó con el asesinato del periodista migrante hondureño Edwin Rivera y el de Luciano Rivera. Cándido Ríos, Edgar Esqueda y Gumaro Pérez completan la lista de periodistas asesinados en 2017 que revelan tal cual es la ignominiosa situación en que se encuentran los derechos humanos en México, que con 12 comunicadores asesinados "empata" con la situación de Siria y por segundo año consecutivo encabeza la lista de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión.

Javier Valdez ¡justicia!

Estos crímenes tuvieron en común la impunidad y haber evidenciado, una y otra vez, los esfuerzos de las autoridades para impedir una investigación que garantizara el derecho a la justicia a familiares y colegas.

La sistemática negativa a priorizar la labor informativa de las víctimas como línea de investigación, así como las irresponsables declaraciones de las autoridades que, como en el caso de Gumaro Pérez buscaron criminalizarle, son algunas de las primeras trabas que las mismas autoridades imponen. Buscan proteger los intereses de los poderosos y ocultar nexos de partidos del régimen con el crimen organizado, tal y como ha quedado constatado con la investigación del crimen de Miroslava Breach.

Leer: Caso Miroslava Breach revela vínculos del PAN con el crimen organizado

Como lo ha señalado Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, el panorama en 2018 se complica para los periodistas. Estamos de cara a un proceso electoral en donde lo cerrado de las encuestas sólo puede garantizar un escenario de corrupción y fraudes para el cual el Estado ha comenzado a blindarse, con la aprobación de la reaccionaria Ley de Seguridad Interior. En estados como Coahuila el ambiente electoral ya ha sido detonante de un aumento en las agresiones a la prensa, según ha documentado la ONG.

Leer: Libertad de expresión en México bajo ataque con Ley de Seguridad Interior: CIDH y ONU

Huelga del Sindicato de Trabajadores de La Jornada

La embestida contra la prensa no se limita, sin embargo, a las agresiones que son ya la muestra más exacerbada del recorte a libertades democráticas. La censura y la precarización laboral constituyen violaciones a los derechos de las y los trabajadores de la comunicación y existen en distintos medios.

Así lo demostró la valiente huelga del SITRAJOR, cuando trabajadores sindicalizados del diario La Jornada levantaron la voz contra el ataque a su contrato colectivo de trabajo y pusieron en evidencia a intelectuales y sectores "progresistas" cercanos a Andrés Manuel López Obrador y el Morena que no dudaron en llamar a romper la huelga, en favor de una patronal cuya administración estaba siendo cuestionada por sus trabajadores.

Leer: La huelga en La Jornada y el desbarranque de la intelectualidad “progresista”

Asimismo, el reciente escándalo expuesto por el New York Times sobre los medios de comunicación que más reciben dinero por parte del gobierno por concepto de publicidad evidencia otra arista del problema de libertad de expresión en México.

Mientras los grandes medios reciben dinero para promover un Estado asesino, los medios independientes son hostigados y arrasados por las fuerzas represivas, dejando al descubierto el andamiaje que define en manos de quién está la información en México.

Periodistas del régimen

Es de cara a este panorama que desde La Izquierda Diario México hemos insistido en la realización de un Encuentro Nacional de trabajadores de la comunicación.

Un Encuentro que discuta una ruta de organización que busque articularse con otros sectores que, por ejemplo, se levantan hoy en contra de la Ley de Seguridad Interior o quienes desde hace varios años encabezan la lucha en contra de la militarización del país y la criminalización de la protesta social.

Así podríamos enfrentar juntos enfrentar esta avanzada reaccionaria que busca someter bajo la bota militar a millones de trabajadores que sufren los efectos de las reformas estructurales y otras medidas implementadas por el Estado en beneficio de unos cuantos y en detrimento de las grandes mayorías.






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