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1-O, las izquierdas y la renuncia a procesos constituyentes libres y soberanos

El “ministerialismo sin cartera” de la CUP y el giro constitucionalista de los “comuns”, Podemos e IU, abonan el camino a que el 1-O no sea posible o a que, de serlo, se pierda una oportunidad de reavivar la lucha contra el Régimen del 78 y la apertura de procesos constituyentes libres y soberanos.

Santiago Lupe

Barcelona | @SantiagoLupeBCN

Jueves 27 de julio | Edición del día

Foto: EFE

El final de sesiones del Parlament concluía este miércoles con la aprobación de la modificación del reglamento de la cámara catalana con los votos de JxSí y la CUP. Una medida “ad hoc” pensada para la aprobación exprés -en lectura única y sin posibilidad de enmiendas- de las leyes de desconexión que se presentarán a partir del 15 de agosto. A su vez, el Estado seguía con su campaña de cerco y persecución con los interrogatorios de la Guardia Civil a diversos funcionarios y cargos públicos de la Generalitat.

La Ley de Referéndum y la Ley que regulará el llamado proceso constituyente a poner en marcha en caso de victoria del Sí el 1-O, serán los dos textos que estrenarán el nuevo procedimiento aprobado. El fundamento de los promotores de la modificación es que es necesario para esquivar el previsible bloqueo del Tribunal Constitucional y el gobierno central a una tramitación normal de ambas leyes.

Sin embargo estas maniobras no son garantía de que se pueden derrotar las medidas adoptadas por el Estado central. Pero además este mecanismo bonapartista -equivalente a la potestad de aprobación por decreto de leyes sin pasar por las Cortes que tiene el gobierno central- podría ser utilizada para cualquier ley: por ejemplo todo un nuevo paquete de recortes y ajustes como el megaproyecto de contra-reformas que aprobaron CiU y el PP en junio de 2011.

Este carácter de peligroso antecedente no está siendo señalado por nadie. Los grupos que votaron en contra centraron su rechazo en la crítica al 1-O por estar por fuera de la legalidad del 78, incluidos los portavoces de CSQEP. Es claro que tanto el PP, Cs y el PSC no ven con malos ojos que un mecanismo de este tipo pueda emplearse para otras leyes, como han hecho o dejado hacer con reformas laborales o de pensiones históricamente. En esto no hay diferencias con el PdeCAT ni con ERC. Aún así el Ministro de Justicia ya ha anunciado que se recurrirá al TC para que la anule.

La CUP, como viene haciendo desde el anuncio del referéndum, siguió un papel de “ministro sin cartera” del govern. Si bien por el momento no se han sumado al ejecutivo de Puigdemont, aunque su corriente Poble Lliure vienen defendiendo esta posibilidad para antes del 1-O, su integración en el bloque soberanista ha alcanzado su máxima expresión. Las leyes de desconexión vienen siendo elaboradas en común con JxSí y la hoja de ruta de intentar realizar el referéndum solo por medio de la desobediencia institucional ha pasado a ser la de ambos grupos.

La intervención de Anna Gabriel solamente exigió al Govern que no reculara y que pusiera las medidas necesarias para contrarrestar la ofensiva del Estado, sin decir cuales. La idea de que el derecho de autodeterminación solo se puede conquistar por medio de una gran movilización social, para que sea efectivo y abra el camino a la lucha contra las élites catalanas -algo que la misma Gabriel mencionó como objetivo aunque fuera de pasada-, está ausente de su discurso. No digamos ya de su práctica. Los más de 3.000 militantes de la CUP, sus cargos institucionales y las posiciones que tienen en diferentes movimientos sociales están siendo dejados “a la espera” de acontecimientos, sin proponerse generar las condiciones de movilización de los sectores populares necesarias para que las medidas del Estado y el posible recule de la Generalitat quede sin efectos, ni mucho menos para que la conquista del derecho a decidir vaya ligada a una lucha contra las 200 familias a las que han representado históricamente los convergentes.

En el otro lado del arco izquierdo parlamentario los “comuns” también profundizan su política, en este caso en dirección opuesta, hacia la adopción de las posiciones de respeto a la legalidad constitucional que niegan taxativamente el derecho a decidir. Hasta el punto de que la disponibilidad de los locales municipales de Barcelona para la consulta está en duda. El pacto con los social-liberales y enemigos del derecho de autodeterminación del PSC pesa más que la defensa formal de este derecho democrático fundamental.

El mismo referéndum del 1-O tiene muchos puntos para no realizarse. La adaptación de los “comuns” al bloque constitucionalista legitima por izquierda la ofensiva del Estado central y dificulta enormemente que se despierte la solidaridad con el pueblo catalán en el resto del Estado. Pero también la adaptación de la CUP al “procesisme” contribuye a que el Estado pueda aplicar todas sus medidas sin más resistencia que la institucional, perfectamente vencible con jueces, fiscales, policía y sobre todo Hacienda.

Pero estas políticas de la izquierda que habla en nombre del “cambio” o hasta del “anticapitalismo” en el Parlament, no sólo abonan el camino para que finalmente el 1-O termine no siendo posible, si no que sobre todo están dejando de lado por diferentes vías la defensa de una hoja de ruta y un programa independiente del de los representantes de la burguesía central o catalana. La agenda de la clase trabajadora y las clases populares está completamente ausente del debate.

Los “comunes” en Catalunya y Podemos e Izquierda Unida en el resto del Estado avanzan en la integración en el régimen del 78 por medio de los acercamientos al PSOE. El pacto de Castilla la Mancha supone un salto en esta dirección, como lo es también su posición en contra del 1-O. Renuncian a pelear por el derecho a decidir de los catalanes al mismo tiempo, y por los mismos motivos, que asumen que el único “cambio” posible es el del turnismo bipartidista -con el grueso de las políticas idéntico- pero esta vez con ellos como socios del turno de “izquierda”.

La CUP ha abandonado toda diferenciación efectiva, y ni que decir movilización u oposición frontal, a las políticas neoliberales de la derecha catalana, hasta el punto de que sus últimos presupuestos contaron con su apoyo parlamentario para “garantizar” la convocatoria del referéndum. Asumiendo la vía institucional y el liderazgo convergente como vía para conquistar la independencia, no sólo se comprometen con una vía con muchas posibilidades de acabar en recule, si no que aún en caso de conseguirse asumen el proyecto de una república catalana que se parecerá demasiado a la monarquía parlamentaria española del 78.

Los parecidos de esa hipotética república con el Régimen del 78 se quieren garantizar por PdeCAT y ERC con la vía propuesta para realizarse: sin movilización social, conquistando una posición institucional fuerte -una victoria del sí o una declaración de independencia en un nuevo Parlament si el 1-O no se realizara- y por medio de una negociación con el Estado central en el proceso de desconexión. Esta vía, hoy por hoy con más incertezas que seguridades de poder llevarse adelante, busca forzar una negociación con la UE de mediación que permitiera una secesión ordenada -asumiendo la parte proporcional de la deuda pública, principal moneda de presión contra el Estado español y una UE que no quiere nuevo episodios de crisis de deuda soberana- o un nuevo marco federal que incluya el pacto fiscal.

Asumiendo la hoja de ruta de JxSí la CUP asume implícitamente la república catalana “posible” que puede salir de ella. Esto va contra la idea de que toda “ruptura” territorial del Estado español sería favorable a los intereses de las clases populares -defendida también por gran parte de la izquierda catalana y española favorable a la independencia-. La vía que buscan para conquistarla Junqueras y Puigdemont es una apuesta para una restauración del Estado en Catalunya con los mismos mimbres y personal político que han gestionado la etapa autonómica del pujolismo. Es su receta para 30 o 40 años más de estabilidad política para que sigan haciendo grandes negocios el mismo puñado de capitalistas beneficiado de 40 años de monarquía restaurada.

Por ello es imprescindible que en Catalunya y en el resto del Estado surja una posición alternativa a la de ser subalternos del bloque constitucionalista y el PSOE o a los convergentes. Podemos, Izquierda Unida y la CUP deberían romper con sus respectivas políticas de mano extendida a uno y otro lado, y el conjunto de la izquierda catalana y del resto del Estado pelear por que surja un movimiento que imponga desde la movilización social el derecho a decidir, como parte de la lucha por acabar con el Régimen del 78 y poder abrir verdaderos procesos constituyentes, y no “procesos” dirigidos por arriba y con agenda predefinida como el que promete Puigdemont para el pos 1-O, ni “reformas constitucionales” aún más cosméticas como la que proponen Iglesias y Errejón en acuerdo con el PSOE.

Procesos donde poder discutir el resto de demandas democráticas pendientes, como el fin de la Corona, que los diputados y cargos público cobren el salario medio de un trabajador, la abolición del Senado, el fin de la casta judicial y todas las leyes liberticidas impuestas en 40 años de “democracia”. Y también poder abordar un programa para acabar con la grave crisis social, como el reparto de horas de trabajo sin reducción salarial, el no pago de la deuda o la nacionalización bajo control obrero de la banca, las viviendas vacías y las grandes empresas. Es decir una agenda que ni Rajoy, ni Sánchez, ni Puigdemont, quieren que sea abierta.

Poner en pié un movimiento así, con exigencia a que los sindicatos organicen paros y asambleas en los centros de trabajo, que por esta vía se garantice el referéndum, con grandes movilizaciones en Catalunya y el resto del Estado... es la única vía tanto de garantizar el derecho a decidir que el Estado central niega sistemáticamente, como que su conquista, más allá del resultado de la votación, pudiera ser un paso adelante para reavivar la lucha contra el Régimen del 78, evitar cualquier proyecto de “restauración” y permitir una resolución efectiva de los problemas sociales y democráticos que se han venido expresando en las calles y centros de trabajo desde la emergencia del 15M y la apertura de la crisis de régimen.






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