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CORRUPCIÓN

1.000 millones de pesos: el embargo récord de un juez a De Vido

El juez Claudio Bonadio procesó al exministro de Planificación Federal en una causa que investiga presuntas irregularidades en los subsidios al gasoil entregados a empresas de transporte. Lo embargó por 1000 millones de pesos.

Lunes 10 de julio | Edición del día

Las elecciones también se juegan en los Tribunales. Esa puede ser la conclusión de la andanada de procesos que, aunque iniciados hace años, han tomado impulso en las últimas semanas.

En una de ellas, el juez federal Claudio Bonadio procesó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido. Lo investiga por presuntas irregularidades en los subsidios al gasoil entregados a empresas de transporte de colectivos, ocurridas entre 2007 y 2012.

Según la Agencia Noticias Argentinas, además Bonadío trabó un embargo en contra del actual diputado nacional del Frente Para la Victoria por la suma de 1000 millones de pesos.

El mismo juez procesó a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Recordemos que uno ya fue condenado por las dádivas de empresarios transportistas a los que favoreció, y el otro por la masacre de Once.

Se imputa a los exfuncionarios de "haber intervenido en el hecho que se detalla a continuación, que ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional de aproximadamente de 609.326.186,25 de pesos”.

Además, "durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían".

En ese sentido, el juez los acusó de poner en funcionamiento y sostener en el tiempo, un sistema "destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados".

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"Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes. La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014", según concluyó el juez.

Según la resolución del juez, "en el 82 por ciento de los casos las auditorías de la CNRT detectaron que las empresas recorrían un kilometraje inferior al que se estaba declarando hasta ese momento para el cálculo del subsidio".

Los subsidios tildados de irregulares fueron otorgados a las líneas 17, 22, 29, 39, 41, 42, 47, 59, 61, 62, 64, 67, 79, 86, 92, 95, 100, 102, 104, 105, 109, 110, 112, 114, 115, 118, 129, 133, 134, 140, 141, 150, 160, 163, 165, 193.

Incluso hubo líneas que recibieron subsidios durante un año sin haber prestado servicio alguno.

El tema ya había sido denunciado en ocasiones por trabajadores de colectivos opositores a la UTA, que denunciaban los subsidios que cobraban las empresas por unidades que tenían fuera de servicio.






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